Por: Federico Agüero
Terminó la primera etapa de trabajo en el Acuerdo San Juan, convocado por el gobierno provincial. Cada comisión
elevó sus propuestas para la segunda etapa, donde el gobierno va a decidir cuáles toma y cómo las lleva a cabo.
En la comisión de Obras y Energía se trató el tema de la construcción de viviendas, tema que interesa mucho a la
población, pero llamativamente en ella solo participaron cámaras empresarias y colegios profesionales, el
resultado es claro, elevaron propuestas teñidas de una mirada parcial de los problemas, que no contemplan las
necesidades reales de los beneficiarios de las políticas públicas.
Antes de las críticas, también es importante aclarar que el resultado del trabajo de esa comisión muestra que hay
un avance positivo en la provincia en cuanto a la implementación de nuevos materiales de construcción y la
adopción de tecnologías para el ahorro de energías en las viviendas. Por otro lado, volvió a surgir la acostumbrada
cantinela de los empresarios sobre pagar menos impuestos y cargas sociales por el “agobio” que significa para sus
finanzas, ante lo cual cualquier persona sensata podría preguntarles a esos señores ¿de dónde piensa que van a
salir los fondos para construir obras públicas, de las cueles ustedes viven, si todos pagaran menos impuestos? Una
respuesta apropiada sería pensar seriamente en el impuesto a las grandes fortunas, pero bueno, ese es un tema
que el ASJ no se contempla.
En fin, lo más llamativo del trabajo en comisiones fue que los empresarios reunidos propusieron “que el IPV arme
una operatoria nueva para construir viviendas en conjunto con el sector privado, para aquellas personas que
puedan comprarla, aunque ya sean propietarios”. En pocas palabras, quieren que el Instituto se transforme en
receptora de inversiones para proyectos inmobiliarios. Pero esa propuesta-idea, que es cuanto menos creativa, al
no tener en cuenta el contexto real de la economía argentina y el problema de las familias que necesitan vivienda,
puede acarrear severas consecuencias negativas.
El problema surge de la naturaleza escasa de la tierra y la vivienda. En la Argentina siempre hay más demanda de
casa que oferta, por lo tanto, su valor tiende a aumentar, y eso conduce a la especulación. La escases de
rentabilidad en la producción y las restricciones en la compra de dólares, entre otras cosas, llevan a los ahorristas
a elegir “los ladrillos”: ponen dinero en inmuebles cuyo valor acompaña el crecimiento de la inflación y en algunos
períodos la superaron. Por ese motivo aumentan constantemente los terrenos, los materiales y a veces la mano
de obra.
Los gobiernos populares y progresistas, crearon fondos, créditos e institutos de vivienda para contrarrestar los
efectos del mercado y permitir a los sectores trabajadores acceder a su vivienda. Por lo tanto si, a partir del ASJ, el
IPV pasara a ser un engranaje más del mercado de inversores privados, iría contra la lógica de su creación y a la
larga acentuaría más el problema de la escasez de vivienda.
Podría ser una respuesta de quienes defiendan esa propuesta afirmar que mediante ese mecanismo se pretende
capitalizar al Instituto para poder construir más y mejores casas populares. Algo que sin duda sería positivo, pero
es dudoso que sea esa la intensión. Más bien parece una iniciativa que responde a las necesidades del sector de la
construcción y el interés del gobierno por generar empleo y actividad económica, objetivos que sin duda son
importantes, pero que si están desvinculados de los objetivos de un proyecto de vivienda popular se convierte en
su contrario.
Hay otros caminos para la capitalización del Instituto. En San Juan, la inmensa mayoría de las familias sin vivienda,
desean poder ahorrar para su vivienda mediante una cuota con el instituto. Tomar los ahorros de quienes pueden
pagar anticipadamente por su primera vivienda, es una consigna que siempre se le pidió al Estado.
Desde que se suprimió el sistema del Lote Hogar y el IPV desmanteló su obrador, el mecanismo de construcción
estatal que predomina es el de la contratación con empresas privadas. Para ellos los fondos nacionales de distinto
tipo, se juntan en una sola mesa y se distribuyen mediante licitaciones. Luego las viviendas se reparten en
acuerdos con sindicatos, municipios, punteros, organizaciones o el sorteo.
Que no se citara para discutir el ASJ a las organizaciones que luchan por vivienda no es un dato menor. Las
mismas existen, tienen peso y el gobierno a diario trata con ellas. Mantenerlas por fuera de la discusión del
Acuerdo Gran San Juan muestra a las claras una idea, totalmente contraria a la que propone la secretaria de
vivienda de la nacional. Bielsa baja una línea que promueve el auto construcción, el cooperativismo y trabajo
activo con la gente en el territorio en post de mejorar el hábitat, que es mucho más que solo la vivienda. Es otro
concepto de habitad.
El Gobierno, al dejar afuera de la elaboración de un plan a las organizaciones de personas que reclaman vivienda,
implícitamente les está otorgando un rol, el de la protesta y la exigencia, sin participación en la gestión. Pero
luego se enoja cuando hacen manifestaciones y las amenaza con flagrancia. ¿Qué alternativa les deja? Ninguna y
finalmente en la práctica establece una relación clientelar y vergonzante, que no quiere reconocer, y por lo tanto,
es una gestión que no queda bajo ningún control público.
En síntesis, en el Acuerdo San Juan hasta ahora se reflejaron las intenciones de quienes viven de la obra pública y
quedaron afuera las miradas de quienes deben ser beneficiarios de las políticas públicas, para la construcción de
vivienda. De esa manera se afianza un modelo que es hegemónico desde hace casi 20 años. Donde la iniciativa la
tiene el sector privado y al que necesita vivienda se le pide inacción y paciencia. Pero para quienes no puede
esperar no hay otro camino que el de reclamar, hacer marchas y protestas.
