Un grupo de diputados bonaerenses del Frente de Todos planteó, mediante un proyecto de ley, la prohibición de cambios societarios en las empresas prestadoras de servicios públicos del territorio provincial sin expresa autorización del Gobierno, a fin de evitar su control por parte de fondos de inversión.
La iniciativa fue presentada por los legisladores oficialistas Alexis Guerrera, Pablo Garate, María Valeria Arata, Micaela Morán, Rubén Eslaiman y Nicolás Russo, ante la posibilidad de que algunos fondos pudieran sumarse al control societario de empresas públicas que operan en territorio bonaerense.
En ese sentido, fuentes del mercado indicaron que Redwood sería uno de los fondos interesados. Esa posibilidad activó las alertas. “Teniendo en cuenta las especiales circunstancias económicas que atraviesa nuestro país, es de especial importancia preservar que el control de las empresas prestadoras de servicios públicos en nuestra provincia no pase a manos de sociedades o instrumentos financieros ajenos a la actividad”, plantearon los diputados.
En los fundamentos del pedido, los legisladores señalaron que esa clase de fondos están “sólo interesados en una rentabilidad de corto plazo” y que la experiencia indica que “las empresas, ya sean públicas o privadas, prestadoras de servicios públicos, tengan un interés de largo plazo en la actividad, que las lleve, entre otras cosas, a cuidar los derechos de sus usuarios”.
En el proyecto de ley se establece la prohibición “a las concesionarias de Servicios Públicos en el territorio de la Provincia de Buenos Aires, mientras se encuentre vigente el contrato de concesión, la realización de cambios en el control societario de la adjudicataria, sin que mediare autorización previa por parte de la autoridad de aplicación del marco regulatorio aplicable para cada concesión”.
El artículo 3 del proyecto es taxativo en cuanto a señalar que “en ningún caso se autorizará la adquisición de control societario, directo o indirecto, de empresas concesionarias de servicios públicos de la Provincia de Buenos Aires por parte de fondos de inversión, sea en forma individual o conjunta con otros fondos”. Los diputados oficialistas puntualizaron allí que “los servicios públicos son activos estratégicos y esenciales para la vida y el desarrollo de todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires y en consecuencia merecen una protección especial”, puntualizaron los diputados oficialistas.
Asimismo, señalaron que los fondos de inversión “no tienen las características que los califican para ejercer el control, directo o indirecto, de prestadoras de servicios públicos”, si bien no objetan que puedan “participar como inversores financieros pasivos, proveyendo financiamiento”. Al respecto, citaron como antecedente la prohibición que la Justicia dispuso en 2007 a Citelec, controlante de Transener, de transferir acciones, por considerar que los accionistas controlantes debían contar con “arraigo en la actividad”.
