Con un decreto el gobierno de facto de Jeanine Añez legalizó la cacería de manifestantes en Bolivia, donde en las últimas horas fueron reprimidos los que protestaban contra el golpe de estado contra Evo Morales, con un saldo de muertos aún no definido pero que, al menos, ascendía a 24 en la mañana de este sábado.
“El personal de las FF.AA. que participe en los operativos para el restablecimiento del oren interno y estabilidad pública estará excento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales actúen en legítima defensa o estado de necesidad” .
La escalada de represión en Bolivia se acrecentó en las últimas horas con una desaforada acción de las fuerzas militares. Este viernes fue el turno de los cocaleros que pretendían llegar a La Paz y fueron baleados en Cochabamba. Y siguió este sábado contra miles de personas que protestan contra el derrocamiento de Evo Morales, detalla el sitio explicitoonline.com.
#UrgenteBolivia masacre en #Cochabamba. Por eso la "ministra de comunicación" amenaza públicamente y persigue a la prensa nacional e internacional: para que no se muestre lo que sucede.#LaOEAesGolpista#15Nov pic.twitter.com/7FZMFUnr0n
— Marco Teruggi (@Marco_Teruggi) November 15, 2019
Datos de la Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo de Bolivia confirmó este sabado la muerte de 24 personas y emitió un comunicado en el que señaló: “Se ha observado un número importante de arrestos de civiles a partir del 10 de noviembre, que han presentado signos notorios de tratos crueles, motivo por el cual se han remitido comunicaciones escritas de recordatorios, sobre las prohibiciones de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, tanto a la Presidenta del Estado, así como a las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana, solicitando que su accionar se enmarque en las normas nacionales e internacionales de derechos humanos”.
