El juez Canicoba Corral resolvió tras su investigación que no hay pruebas para afirmar que el entonces titular de la Secretaría de Comercio Interior participó en el cambio de metodología para la producción de datos estadísticos, ni que haya intervenido de ninguna manera en la labor del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
El ex funcionario estaba acusado de «haber instigado indebidamente mediante exigencias verbales y por escrito en forma directa y por interpósita persona en abuso de las funciones públicas que le fueran asignadas a funcionarios del INDEC, a la realización de cambios metodológicos y a la entrega ilegítima de datos primarios secretos».
El fiscal Carlos Stornelli había pedido procesarlo por los delitos de violación de secretos, abuso de autoridad, falsedad ideológica de un instrumento público y la destrucción de documentos oficiales.
Ademas de montar una maniobra para controlar el IPC, el fiscal también lo había acusado por la utilización de un parche informático que colocaba topes de precios.
